Page 135 - Rosario Corinto 12

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Antonio Jiménez Lacárcel
Historiador

En julio de 1936, tras la sublevación militar que provocó la Guerra Civil, España que-
dó fracturada en dos proyectos separados de organización política y social. La provin-
cia de Murcia, como es sabido, quedaría hasta el final del conflicto bajo el dominio
del gobierno de la II República española.
Entre las muchas consecuencias de aquel golpe militar destaca el colapso de los mecanismos
de coerción del Estado, lo cual provocó la reacción de partidos obreros y sindicatos que se orga-
nizaron en comités y milicias para hacer frente a la rebelión, originando una espiral de violencia,
principalmente durante el verano de 1936. En su punto de mira se encontraban la propiedad
privada, el Estado, y la Iglesia, provocando, además, una reacción iconoclasta contra el patrimonio
de ésta, que se tradujo en destrucción y expolio de templos, museos y edificios históricos, y un
mercado clandestino de obras de arte1.
Para hacer frente a esa situación, y con el objetivo de proteger, catalogar y preservar el patri-
monio artístico y cultural del país, el gobierno republicano decidió crear una Junta dependiente de
la Dirección General de Bellas Artes, adscrita al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
El día primero de agosto de 1936, con sede en Valencia, donde había quedado desplazado el Go-
bierno español, nacía la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, pero la ines-
tabilidad política y social obligaría a esta institución a distintas reformas, primero con el gobierno
de Largo Caballero, y posteriormente con Juan Negrín. Así, el 5 de abril de 1937 se instituyó,
igualmente en Valencia, la Junta Central del Tesoro Artístico, con las mismas ocupaciones que su
predecesora, entre las que se encontraba la de ratificar y reorganizar las distintas juntas delegadas
ya existentes en provincias y municipios2.
En la provincia de Murcia, y atendiendo el detallado trabajo de Egea Ibarra sobre las actas
de la Junta Delegada de Incautación, aquella ola devastadora se tradujo en la desaparición de 385
esculturas, 275 obras pictóricas, 43 archivos, además de bibliotecas y ajuar litúrgico. Los munici-
pios de Lorca, Murcia y Cartagena fueron los más afectados por ese mismo orden.
Centrándonos en la ciudad de Murcia, desde el 6 de agosto de 1936, operó en defensa del
patrimonio una denominada Comisión Municipal de Incautación Artística dirigida por el alcalde
de la ciudad, Fernando Piñuela Romero, y Pedro Sánchez Picazo, director del Museo Provincial

1CENARRO LAGUNAS, A.: “La guerra civil española: 1936-1939”, en Nueva historia de la España contemporánea, José Álvarez Junco (ed. lit.), Adrian
Shubert (ed. lit.), Barcelona, 2018, Galaxia Gutenberg, p. 163.
2EGEA IBARRA, C.: “La Junta Delegada de Incautación, Protección y Conservación del Tesoro Artístico Nacional de Murcia a través de su Libro de Actas
(mayo 1937-enero 1939)” en Boletín ANABAD, Madrid, 2020, nº3-4, p.41.

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